RED Michoacán | Ciudad de México.-23 Abril de 2025
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, obtuvo una suspensión provisional por parte del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, con la cual busca evitar cualquier orden de captura en su contra derivada de una investigación por el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos, destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en territorio michoacano.
Aureoles promovió el recurso el pasado 21 de abril, solicitando protección de la justicia federal contra actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en el Reclusorio Norte. En su solicitud reclama actos como órdenes de aprehensión, comparecencias judiciales y su ejecución.
La medida cautelar fue concedida por el secretario en funciones de juez, quien determinó que, para que surta efecto, el exmandatario deberá depositar una garantía de 52 mil pesos en un plazo no mayor a cinco días. La suspensión busca que “las cosas permanezcan en el estado en que actualmente se encuentran”, evitando así que se le prive de su libertad mientras avanza el proceso.
El juzgado también solicitó a las autoridades responsables rendir sus informes en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se presumirán ciertos los actos reclamados y se aplicará una multa.
Contexto del caso
La solicitud de amparo ocurre mientras avanza una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC). En marzo, cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles fueron vinculados a proceso por delitos como administración fraudulenta, peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los señalados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la SSP estatal; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de Seguridad Pública. Todos permanecen bajo prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la FGR, las acusaciones se derivan de la operación irregular de arrendamiento y compra de inmuebles para cuarteles policiales en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, durante el sexenio de Aureoles (2015–2021).
El caso continúa su curso legal, mientras el exgobernador permanece prófugo y protegido por una suspensión que, por ahora, le impide ser detenido
