El diputado Hugo Rangel señaló desde el pleno que las inconsistencias del dictamen pondrían en riesgo su legitimidad y daría pie a litigios jurídicos, como ya está ocurriendo en la ciudad de México.
Morelia, Michoacán, 14 abril de 2025. Tras la aprobación del dictamen que prohíbe las corridas de toros en Michoacán, el pasado 02 de abril, el diputado petista Hugo Rangel advirtió durante el debate que el contenido de dicha reforma presentaba inconsistencias jurídicas que podrían derivar en su impugnación, debilitando la legitimidad del Congreso del Estado.
En días recientes, se ha hecho pública la admisión de una demanda de amparo por parte del Poder Judicial Federal, promovida por actores taurinos en contra de la reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal. Esta acción legal, que cuestiona la constitucionalidad de los cambios legislativos, confirma los señalamientos que Hugo Rangel expuso durante la discusión en el pleno: “Me preocupa que una decisión tan fundamental quede vulnerable legalmente. Si emitimos una norma que va a terminar siendo impugnada ante un tribunal, estamos tomando una determinación irresponsable”, expresó el legislador durante su intervención.
Desde su curul, el diputado también alertó sobre las consecuencias de legislar sin claridad, señalando que el dictamen no delimitaba de manera precisa su objetivo, lo cual abría la puerta a la prohibición de otras prácticas culturales. “El artículo 68 abre la puerta expresamente a la prohibición de otras actividades como lo son los jaripeos, las peleas de gallos, las carreras de caballos y la charrería”, advirtió. Asimismo, cuestionó la forma en que se procesó el dictamen en comisiones, sin permitir modificaciones que corrigieran sus deficiencias técnicas, lo cual podría tener repercusiones legales.
“Lejos de resolver un tema polémico, el Congreso hoy podría enfrentar las consecuencias de una legislación construida al vapor. No se cuestiona el espíritu de la propuesta, sino la manera en que fue procesada. Legislar con prisas, sin claridad ni solidez jurídica, no sólo compromete la validez de un dictamen que pudo tener intenciones nobles, sino que también, debilita la credibilidad de esta Soberanía ante los ciudadanos michoacanos que exigen una representación responsable”, concluyó Hugo Rangel.
