Morelia, Michoacán, 6 de marzo de 2025 –
Los enfrentamientos armados registrados ayer en la región de Zamora, cuyo detonante se relaciona con la liberación de Jesús, alias “El Chuy” o “La Hamburguesa”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han desatado una serie de reacciones en el ámbito político. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, criticó de manera tajante la decisión de un juez federal de ordenar la liberación de este individuo, a pesar de las evidencias en su contra.
En una entrevista, el mandatario estatal señaló que la liberación de “El Chuy” es un claro reflejo de la corrupción dentro del sistema judicial. “Es evidente la corrupción de este juez. Lo liberó a pesar de todas las pruebas. A pesar de que el día de su captura hubo enfrentamientos, era obvio que se trataba de alguien fuera de la ley”, indicó Ramírez Bedolla, cuestionando la responsabilidad de las autoridades judiciales en este tipo de decisiones que afectan la seguridad del estado.
“¿Quién es el responsable de todo esto? ¡El juez federal!” expresó, haciendo un llamado a la transformación del poder judicial en México. El gobernador destacó que la situación actual no puede continuar, instando a los ciudadanos a votar el próximo 1 de junio para elegir jueces y juezas comprometidos con la justicia. “Es terrible lo que estamos viviendo, no sigamos tapando a los jueces corruptos. Las evidencias públicas son claras, a menos que se trate de un juez en Bruselas que no vea la realidad en Michoacán”, subrayó.
Ramírez Bedolla enfatizó que este tipo de decisiones judiciales son parte de un sistema que requiere un cambio profundo, y subrayó la importancia de la participación ciudadana para lograr una justicia más transparente y responsable. “Vamos a votar por jueces federales y ministros de la Suprema Corte que respondan al pueblo y no a intereses oscuros”, concluyó el gobernador.
Este incidente resalta la creciente preocupación sobre la actuación de las autoridades judiciales en Michoacán, un tema que sigue generando debate en la entidad. La situación evidencia las tensiones entre la justicia y los poderes políticos en el estado, especialmente en un contexto marcado por la violencia y el crimen organizado.
