Recientemente, el Senado de la República recibió una iniciativa presidencial que proponía modificar la Constitución para prohibir la reelección de legisladores a partir de las elecciones federales de 2027. Sin embargo, al discutir la propuesta, el Senado aprobó modificarla, decidiendo que esta medida no entrara en vigor hasta las elecciones federales de 2030.
El argumento del bloque mayoritario, conformado por Morena, el PT y el Partido Verde, fue que al haber opiniones encontradas sobre el tema, se debía mantener la unidad del grupo, por lo que la entrada en vigor de la reforma se pospuso a 2030. La unidad del bloque prevaleció por encima de la discusión profunda sobre los principios que sustentan la reforma.
Es importante reflexionar sobre el fondo del asunto. ¿Por qué prohibir la reelección de legisladores? ¿Es este un cambio que beneficia o perjudica realmente a la nación? Al posponer su implementación, el Senado no sólo ha dejado de tomar una decisión basada en principios, sino que ha optado por un acuerdo político sin argumentos sólidos que lo respalden.
La reelección de legisladores es un tema trascendental para el fortalecimiento de nuestra democracia. Sin embargo, en este caso, el único factor que parece haber primado es el oportunismo y los personalismos dentro del bloque mayoritario, en lugar de una evaluación seria sobre las implicaciones políticas y sociales de esta medida.
El reto que enfrenta el país es que decisiones de este tipo no se tomen bajo la premisa de mantener un acuerdo parlamentario conveniente, sino con el objetivo de fortalecer el sistema democrático y de rendición de cuentas. La reelección no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para una política más representativa y comprometida con los intereses de la ciudadanía.
El Senado, en este caso, ha dado un paso atrás al priorizar la unidad de un bloque circunstancial sobre principios fundamentales que, en última instancia, debieran estar al servicio de la nación.
