- Fiscal de Michoacán admite: 70% de homicidios quedan impunes por falta de recursos
- Sobrecarga, impunidad y bajos salarios: los retos que ahogan a la Fiscalía de Michoacán
Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2025.- Al presentar su Sexto Informe Anual de Actividades, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, hizo un balance sobre la situación de la institución, destacando la creciente carga de trabajo, la necesidad de más personal y la urgencia de mejorar los salarios para el personal ministerial, pericial y policial.
En entrevista, el fiscal señaló que está dispuesto a comparecer ante el Congreso del Estado si así lo determinan los diputados en los próximos 45 días, para ampliar detalles sobre la operatividad y retos de la Fiscalía.
Sobre el tema presupuestario, López Solís explicó que el aumento en la resolución de casos y la apertura de nuevas causas penales han generado una mayor sobrecarga de trabajo. “Es la paradoja del éxito: entre más asuntos llevamos a los juzgados, más carga laboral y más posibilidades de ser ineficientes por falta de capacidad institucional”, indicó.
Uno de los principales desafíos, dijo, es el nivel de impunidad en el estado. Actualmente, la FGE alcanza un 30% de efectividad en la investigación de homicidios, lo que deja un 70% de casos sin resolver. Sin embargo, destacó que en Morelia se logra esclarecer hasta el 90% de los homicidios gracias a la asignación de 150 investigadores, cifra que, de replicarse en Zamora y Uruapan, permitiría un avance significativo en la reducción de la impunidad.
En cuanto a los salarios del personal, el fiscal reconoció que los agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos trabajan bajo altos riesgos y amenazas, y que sus ingresos no reflejan estas condiciones. Actualmente, un agente del Ministerio Público de categoría C gana entre 18 y 20 mil pesos netos, mientras que los de categoría A perciben hasta 26 mil pesos, salvo algunas áreas especializadas como secuestros y homicidios, donde los sueldos alcanzan los 30 mil pesos.
López Solís enfatizó la importancia de contar con personal altamente capacitado, con estudios de licenciatura y posgrado, para hacer frente a la complejidad del sistema penal actual. “Necesitamos personas con amplias capacidades argumentativas y conocimiento especializado para sostener los dictámenes en un proceso penal adversarial”, concluyó.
