Morelia, Michoacán, 3 de Diciembre de 2024.
En una reunión clave con legisladores del Congreso del Estado, el líder del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pável Uliánov Guzmán, acompañado por representantes de diversas comunidades originarias, denunció la falta de una consulta adecuada respecto a la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena presentada por el gobierno estatal.
Durante su intervención ante Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y la diputada Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guzmán aseguró que la propuesta gubernamental carece de actas de asambleas generales, las cuales son fundamentales según los tratados internacionales y la Constitución mexicana para garantizar el derecho de consulta a los pueblos indígenas.
“Esto no es un capricho, es un derecho”, subrayó Guzmán. Asimismo, advirtió que de las más de 500 comunidades indígenas en Michoacán, solo 40 serían beneficiadas con el presupuesto directo estatal contemplado en la reforma, dejando al margen a la mayoría.
Entre los puntos críticos de la propuesta destacó:
• Discriminación presupuestal: La iniciativa limita los recursos directos únicamente a comunidades con autogobierno.
• Falta de autonomía educativa: No se reconoce el derecho de los pueblos originarios a establecer programas educativos propios.
• Sistema de justicia indígena ignorado: Más de 200 jueces comunales no son considerados en la reforma, a pesar de su importante labor en la resolución de conflictos locales.
• Derecho de consulta: Aunque reconocido a nivel federal, no tiene carácter vinculante en la propuesta estatal.
El Consejo Supremo hizo un llamado al gobernador y a los diputados para frenar la aprobación de la reforma sin un proceso de consulta legítimo. “Si esta iniciativa no se consulta, la impugnaremos y seguiremos movilizándonos,” afirmó el líder indígena, advirtiendo que ya se han activado bloqueos en carreteras como medida de protesta.
El Congreso enfrenta ahora la presión de cumplir con los estándares internacionales en la consulta indígena, mientras las comunidades originarias exigen ser escuchadas y respetadas en sus derechos colectivos.
