Morelia, Michoacán.02/12/2024
– Ante las recientes investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios del Ayuntamiento de Tacámbaro por presuntos vínculos con el crimen organizado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró que estos procesos son necesarios y deben ser permanentes.
En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla enfatizó que la FGR, como órgano autónomo, no tiene la obligación de notificar al gobierno estatal sobre sus indagatorias. “Es correcto que todos estemos bajo el escrutinio de las autoridades de justicia, incluidos los funcionarios municipales y estatales”, afirmó.
El mandatario destacó que cualquier servidor público tiene un compromiso mayor con la legalidad y que nadie está exento de ser investigado. Además, reconoció el modelo de seguridad liderado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de una estrategia respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las declaraciones del gobernador surgen tras revelarse que la FGR investiga a funcionarios de Tacámbaro por presuntas reuniones con integrantes de grupos criminales, enfocándose en el delito de asociación delictuosa.
Lo anterior deriva de la sobre información dada a conocer en torno a que Salvador Bastida García, alcalde morenista del municipio michoacano de Tacámbaro, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por organizar “reuniones habituales, consensuadas y establecidas” con integrantes de un Cártel del estado de Jalisco.
La carpeta de investigación fue integrada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), por el delito de asociación delictuosa y en ella se incluye a Edgar Raúl Flores Silva, Gabriel Villaseñor Zamudio y Ramón Raudel Campos Murillo, Director de Seguridad Pública Municipal, Subdirector de la misma corporación y extesorero, respectivamente.
Ramón Raudel Campos Murillo, alias “El Chilango”, renunció al cargo de tesorero del Ayuntamiento de Tacámbaro el pasado 23 de noviembre, tras hacerse pública su relación en una red de prostitución de mujeres y menores de edad que operó entre 2009 y 2012 en Estados Unidos, donde a partir de febrero del 2022 cumplió una condena de 18 meses de prisión.
La investigación inició a través de información que recibió el Centro de Denuncia y Atención (CEDAC), de la Dirección General de Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad de la FGR, en la que se revela que Salvador Bastida, Raúl Flores, Gabriel Villaseñor y Raudel Campos, se reunían con frecuencia con líderes regionales de un Cártel del estado de Jalisco, para pactar supuesta protección de la Policía y el control del cártel jalisciense en áreas como obras públicas y la tesorería.
“Los funcionarios del Ayuntamiento de Tacámbaro forman parte de una asociación que realiza reuniones habituales, consensadas y establecidas con miembros de la delincuencia organizada (CJNG), con fines delictuosos”, informó la Fiscalía General de la República.
