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    Michoacán contará con un Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa: 76 Legislatura

    • Aprueban diputados reforma Constitucional en la materia

    Morelia, Michoacán; a 07 de noviembre de 2024.- Con el objetivo de fortalecer los preceptos legales para combatir la corrupción e impunidad, la 76 Legislatura aprobó reformar la Constitución Política del Estado para transformar el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán en el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán.

    El dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia reforma los artículos constitucionales 24, 44, 50, 70, 95, 97, 109, 109 bis, 109 ter, 133 y 134, todo con el fin de impulsar la transparencia en la gestión pública, el desempeño honesto y eficiente de los servidores públicos.

    Cabe destacar, que el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa continuará siendo un organismo autónomo; por ello, el Congreso del estado deberá realizar las acciones necesarias para que se asigne el presupuesto anual, los recursos que le correspondían al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

    Asimismo el Tribunal tendrá la obligación de resolver controversias administrativas, así como la facultad de imponer sanciones graves a servidores públicos y particulares relacionados con actos de corrupción, y garantizar el cumplimiento de las decisiones de transparencia.

    Dentro de las reformas, se aprobó que el periodo constitucional de las magistradas o magistrados pasara de cinco a nueve años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos por una única ocasión, al término de su periodo cesarán sus funciones.

    En este sentido, el Congreso elegirá a las magistradas o magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y observando el principio de paridad de género.

    Finalmente, las y los diputados destacaron que dicha reforma es con la finalidad de crear un sistema y ordenamiento jurídico para las responsabilidades de los servidores públicos, para beneficio de las y los michoacanos.

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