La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en el centro de la controversia legal tras la aceptación de un proyecto que examina la constitucionalidad de la reforma judicial impulsada por el gobierno. El proyecto sostiene que la Corte tiene la autoridad para resolver las acciones que cuestionan la validez de las normas incluidas en esta reforma.
Durante la discusión, el ministro Alberto Pérez Dayán expresó su rechazo a la posibilidad de impugnar la reforma, tildándola de “insensatez” y anticipando su voto en contra. Este punto de vista se alinea con el de otras ministras, como Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes también manifestaron su desacuerdo.
Tras un debate que duró más de dos horas, el Pleno de la Corte aprobó la legitimidad de los partidos políticos para impugnar la reforma al Poder Judicial, con un resultado de 8 votos a favor y 3 en contra.
El proyecto en cuestión propone eliminar la elección de jueces y magistrados de Distrito por voto popular, pero mantendría el sistema de selección de ministros de la SCJN y de magistrados electorales. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá destacó en una entrevista que la remoción masiva de jueces podría afectar significativamente la política federal, sugiriendo que no se debería recortar el salario de estos funcionarios.
Además, se plantea la eliminación de la figura de los “jueces sin rostro”, lo que ha generado un intenso debate sobre el futuro del sistema judicial. González Alcántara enfatizó la necesidad de un análisis exhaustivo del proyecto, advirtiendo que si la resolución no es favorable para el Ejecutivo y el Legislativo, y ambos poderes deciden no acatarla, se podría generar un “rompimiento del orden constitucional”, afectando tanto a la estabilidad interna del país como su imagen internacional.
