Morelia, Mich., 22/10/2024
El profesor Leobardo Reyes Meza, quien fue liberado tras una prolongada lucha política y jurídica, vuelve a ser objeto de una controversia legal, según denuncian sus allegados. En un comunicado emitido este 22 de octubre, acusan a la empresa Sepsa SA de CV de participar en una presunta persecución política contra Reyes Meza, iniciada durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo y ahora reactivada bajo la administración de Alfredo Ramírez Bedolla. La Fiscalía General del Estado (FGE), liderada por Adrián López Solís, es señalada por retomar las acusaciones con el objetivo de imponerle una sentencia de más de 16 años, lo que ha generado indignación entre sus simpatizantes.
El comunidado integro es el siguiente:
Michoacán, a 22 de octubre de 2024
A los medios de comunicación
A la opinión pública
La complicidad de la empresa Sepsa S.A. de C.V. en la persecución política contra el Prof. Leobardo Reyes Meza
Durante el gobierno perredista de Silvano Aureoles Conejo, la Fiscalía General del Estado (FGE) fabricó una carpeta de investigación para encarcelar a nuestro compañero Prof. Leobardo Reyes Meza, en la creación de las calumnias, mentiras y “testigos”, la empresa de valores Sepsa S.A. de C.V. se prestó a jugar el papel de cómplice para mantener a nuestro compañero bajo condición de rehén político. Durante un año seis meses y veintidós días realizamos una lucha política-jurídica que trajo como resultado la libertad.
Sin embargo, ahora bajo el gobierno morenista de Alfredo Ramírez Bedolla, la FGE a cargo del Lic. Adrían López Solíz retoma las acusaciones y la empresa se presta nuevamente para reavivar la consigna política contra el Prof. Leobardo Reyes Meza, intentando imponer una pena de 16 años con seis meses de prisión. Con ello el gobierno estatal morenista mantiene a nuestro compañero en condición de perseguido político con la pretensión de convertirlo en un rehén de Estado.
Por el papel nefasto de esta empresa y su complicidad en la persecución política del Prof. Leobardo Reyes Meza, el repudio debe expresarse así como la denuncia de esta injusticia propiciada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal Adrían López Solís y la empresa Sepsa S.A. de C.V.