El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a los municipios para que modifiquen sus reglamentos y prohíban la instalación de máquinas tragamonedas y otros juegos de azar, al considerar que estos negocios se han convertido en focos de delincuencia y distribución de narcóticos, generando hechos violentos.
Ramírez Bedolla destacó que, desde el inicio de su administración en 2021, se identificaron los jaripeos como eventos inseguros y se logró su erradicación. Con este antecedente, el gobernador insistió en la necesidad de que los ayuntamientos prohibieran las máquinas tragamonedas mediante sus reglamentos municipales.
“He sido muy insistente en este tema desde hace casi dos años y creo que ya es urgente una respuesta de los ayuntamientos. No me dirijo a uno en especial: todos los ayuntamientos deben comprometerse a erradicar las maquinitas tragamonedas y este tipo de juegos”, afirmó el mandatario estatal.
El pasado viernes, se decomisaron 307 máquinas tragamonedas en 17 negocios en el municipio de Uruapan, un operativo que Ramírez Bedolla elogió como un esfuerzo interinstitucional. No obstante, subrayó la importancia de que los ayuntamientos se sumen a estas acciones.
En contraste, el secretario del ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, expresó que la responsabilidad de clausurar y decomisar estas máquinas recae en el gobierno federal y, en ciertos casos, en el estatal. “Nosotros no podemos clausurar ni decomisar las máquinas tragamonedas, es responsabilidad del gobierno federal”, explicó Benítez.
“A quien le corresponde por ley y de manera sustentada es al gobierno federal y al gobierno estatal en dado caso”, puntualizó el secretario del ayuntamiento de Morelia, subrayando los límites de la autoridad municipal en este tema.
La diferencia de opiniones entre el gobernador y el ayuntamiento de Morelia refleja la complejidad del problema y la necesidad de una coordinación más estrecha entre los distintos niveles de gobierno para abordar eficazmente la seguridad pública en el estado.
La realidad es que, en México, la regulación de las máquinas tragamonedas y otros juegos de azar es competencia tanto del gobierno federal como de las autoridades estatales y municipales. La Ley Federal de Juegos y Sorteos establece las bases para la regulación de todas las formas de apuestas y juegos de azar en el país. Esta ley es implementada y supervisada por la Dirección General de Juegos y Sorteos, que depende de la Secretaría de Gobernación.
Atribuciones Federales
A nivel federal, la Secretaría de Gobernación tiene la autoridad para otorgar licencias y permisos para la operación de casinos y otros establecimientos de juegos de azar. Las regulaciones federales también establecen que los titulares de licencias deben cumplir con estrictos requisitos para prevenir actividades delictivas y proteger a los jugadores, incluyendo la prohibición de entrada a menores de edad y la prevención del lavado de dinero.
Atribuciones Estatales y Municipales
A nivel estatal y municipal, las autoridades pueden adoptar medidas adicionales para regular los establecimientos de juegos de azar dentro de sus jurisdicciones. Esto incluye la posibilidad de modificar reglamentos locales para prohibir la instalación de máquinas tragamonedas y otros juegos de azar si consideran que representan un riesgo para la seguridad pública. Por ejemplo, los municipios pueden implementar regulaciones más estrictas o realizar inspecciones y decomisos en coordinación con las autoridades federales.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha insistido en que los ayuntamientos deben prohibir las máquinas tragamonedas a través de sus reglamentos municipales, argumentando que estos establecimientos pueden convertirse en focos de delincuencia. No obstante, algunos funcionarios municipales, como el secretario del ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez, han señalado que la responsabilidad principal de clausurar y decomisar estas máquinas recae en el gobierno federal.
En resumen, aunque la regulación principal de las máquinas tragamonedas y otros juegos de azar es federal, los estados y municipios también tienen un papel importante en la supervisión y control de estos establecimientos dentro de sus territorios.
