Morelia, Michoacán – La reciente controversia en Michoacán sobre la postulación de siete candidatos cisgénero que se identificaron como mujeres transexuales para aprovechar acciones afirmativas ha suscitado un debate sobre la integridad del proceso electoral y los derechos de identidad de género. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, expresó su desacuerdo con estas candidaturas, señalando la urgencia de una reforma legal.
Durante la instalación de la Red de Mujeres Electas de Michoacán, convocada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Anguiano González anunció que su dependencia impulsará una reforma al código penal para impedir que candidatos cisgénero se postulen como mujeres transexuales. La medida busca evitar la usurpación de candidaturas destinadas a acciones afirmativas, diseñadas para corregir desigualdades históricas y garantizar la representación de grupos marginados.
“Desde Seimujer no buscamos sancionar a los actuales presidentes municipales electos bajo estas condiciones, sino evitar que en el futuro candidatos heterosexuales y cisgénero ocupen estos espacios de manera injusta”, explicó Anguiano González. La falta de asistencia de estos “alcaldesas” al evento de instalación de la red sólo amplifica las sospechas sobre la autenticidad de sus candidaturas.
Sin embargo, esta postura enfrenta una contradicción fundamental: la legislación vigente permite a las personas asumir el género con el que se identifican. Esta disposición es un logro crucial para los derechos de las personas transgénero y no binarias, garantizando su reconocimiento y dignidad. Entonces, ¿cómo se puede legislar para evitar la usurpación sin violar estos derechos?
Los críticos argumentan que cualquier intento de verificar la autenticidad de la identidad de género podría ser visto como una discriminación o una invasión de la privacidad. Además, establecer un proceso de verificación podría ser un terreno resbaladizo que socavaría la confianza en el sistema electoral y en las propias acciones afirmativas.
La secretaria Anguiano González mencionó a los siete presidentes municipales que se encuentran en el centro de esta controversia, incluyendo a Rubén Torres García en Charapan y Jorge Luis Estrada Garibay en Ecuandureo, entre otros. La situación plantea un desafío tanto legal como ético: ¿cómo asegurar que las candidaturas de acción afirmativa no sean usurpadas sin restringir los derechos individuales?
La propuesta de reforma se enfrenta a un camino complejo. Encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de identidad de género y la integridad del proceso electoral es esencial, pero también difícil de alcanzar. Mientras tanto, la comunidad y los legisladores deben reflexionar profundamente sobre cómo avanzar sin retroceder en los derechos conquistados.
