- José Trinidad Martínez Pasalagua, líder transportista, informa que más de 200 concesionarios ganan amparo contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, desatando expectativas sobre el futuro de proyectos como el cablebús y metrobús en Uruapan y Morelia, respectivamente.
Morelia, Mich., 16/11/2023 | El líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua, reveló en una entrevista con El Sol de Morelia que más de 200 concesionarios ganaron un amparo contra la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, desatando incertidumbre sobre el futuro de proyectos clave como el cablebús en Uruapan y el metrobús en Morelia. Martínez Pasalagua aclaró que, contrariamente a las declaraciones previas de la expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Julieta García Zepeda, no fueron 40, sino 200 amparos colectivos presentados por los transportistas.
El líder de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) detalló que la información sobre la victoria en el amparo les fue comunicada la semana pasada por sus abogados. En respuesta a la posibilidad de que la resolución afecte los proyectos de transporte público en Uruapan y Morelia, Martínez Pasalagua afirmó: “Al darnos el amparo definitivo se ordena que se detengan las acciones que ejecutaría la Ley hasta que no se resuelva totalmente, es obvio que el metrobús y el cablebús que van dentro de la Ley no se puede mover en nada”.
En un comunicado enviado a los medios, el líder transportista señaló que los tribunales dictaminaron a favor del amparo, destacando que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán fue impuesta mediante un “albazo legislativo” y la “represión de la fuerza pública” el pasado 1 de junio. Martínez Pasalagua llamó a la unidad de los transportistas en la defensa de sus derechos como servidores públicos, subrayando la exclusión sistemática de los procesos legislativos y la importancia del diálogo para lograr leyes transparentes y de beneficio colectivo. La incertidumbre planea sobre el futuro de la movilidad en Michoacán ante la posibilidad de que la resolución afecte proyectos cruciales ya planificados.
