En un llamado urgente a las autoridades gubernamentales, las comunidades p’urhépechas de Michoacán han manifestado su preocupación frente a las transformaciones que están ocurriendo en sus territorios. Estas comunidades se consideran guardianas de la naturaleza, siendo conscientes de que las montañas, cerros, bosques y lagos son fuentes vitales de diversidad ambiental.
Durante muchos años, han sido testigos de la devastación de sus tierras debido a los permisos otorgados por el gobierno para la tala de bosques y la explotación de resinas. Lamentablemente, las ganancias obtenidas de estas actividades han beneficiado principalmente a terceros, dejando a las comunidades sumidas en la pobreza y el despojo de sus recursos naturales.
En los últimos años, esta situación se ha agravado aún más con la expansión de cultivos de exportación como las berries y el aguacate, los cuales generan ganancias para empresas trasnacionales y productores medianos. México se ha convertido en el principal productor y exportador de aguacate a nivel mundial, con el estado de Michoacán liderando esta producción en más de 260 mil hectáreas, con un valor de 7.6 millones de dólares. Sin embargo, esta actividad ha implicado condiciones laborales indignas para los más de 310 mil trabajadores contratados en esta industria.
Las berries también han tenido un impacto significativo en la región, ocupando miles de hectáreas para su cultivo y generando ingresos de alrededor de 2 mil 300 millones de dólares en el año 2021. Mientras las empresas extranjeras continúan enriqueciéndose, las comunidades locales sufren las consecuencias, enfrentando contaminación de sus tierras y aguas, daños a la salud de los jornaleros y una disminución en la diversidad de su alimentación al dejar de sembrar milpa.
Este escenario ha llevado a una crisis ambiental evidente, manifestada en fenómenos como el aumento de las temperaturas. La deforestación de más de 300 mil hectáreas, el uso indiscriminado de agroquímicos y plaguicidas, la contaminación, la creación desmedida de ollas de agua, el cambio de cultivos y la pérdida de vegetación natural han generado un impacto negativo en la flora y fauna local.
Ante la indiferencia de las autoridades gubernamentales, las comunidades p’urhépechas hacen un llamado a proteger su territorio y poner un alto al despojo y la muerte. En su exigencia, demandan el cese del cambio de uso de suelo, la clausura de huertos ilegales y la obligación de los propietarios a reparar ambientalmente las áreas afectadas. Además, solicitan acciones concretas para la recuperación de sus bosques y lagos, así como la clausura de los cañones antigranizo.
Es imperativo que las autoridades tomen en cuenta estas demandas y actúen de manera responsable, considerando el valor cultural y ambiental de las comunidades p’urhépechas. La protección de su territorio no solo beneficiará a estas comunidades, sino también a la preservación de la diversidad y el equilibrio ecológico en Michoacán.
