Morelia, Michoacán, 15 de junio de 2023.- José Martín Ramos Ruíz, abogado identificado con el Partido Acción Nacional (PAN), presuntamente ha estafado al menos a tres Ayuntamientos de Michoacán, a quien les promete frenar a diferentes comunidades indígenas que buscan ejercer su derecho constitucional al autogobierno y ejercicio de su presupuesto directo.
Ha trascendido que el abogado presuntamente fue contratado por el Ayuntamiento de Quiroga, donde buscó impedir que la comunidad de Santa Fé de la Laguna ejerciera su presupuesto directo y su derecho a la libre autodeterminación.
Sin embargo, perdió el caso primero ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, posteriormente, perdió su impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y finalmente, volvió a sufrir una derrota ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esto, luego de que la justicia mexicana determinara que el derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación y ejercicio de presupuesto directo es un derecho constitucional que no puede ser arrebatado por los ayuntamientos del país.
Siguiendo los mismos argumentos utilizados en el caso de Quiroga, Ramos Ruíz presuntamente trabajó para el Ayuntamiento de Erongarícuaro, con el propósito de evitar que la comunidad indígena de Jarácuaro pudiera ejercer sus derechos constitucionalmente reconocidos. Sin embargo, nuevamente los tribunales fallaron en su contra, ratificando el derecho de la comunidad a su presupuesto directo y a la libre autodeterminación.
El abogado también habría buscado bloquear el acceso al presupuesto directo de la comunidad de Carapan, luego de supuestamente trabajar con el Ayuntamiento de Chilchota. Sin embargo, al parecer sus intentos resultaron infructuosos una vez más cuando el tribunal falló en favor de la comunidad indígena, respaldando sus derechos.
En una revisión de los tres casos documentados, se puede comprobar que el abogado habría utilizado los mismos argumentos altamente endebles que defendió desde su trabajo para el Ayuntamiento de Quiroga, sin importarle que le justicia mexicana ya había determinado su improcedencia.
Lo que indica que, Ramos Ruíz no habría litigado los casos de Jarácuaro ni de Carapan, sino que recurrió a la práctica del “copiar-pegar”, únicamente modificando los nombres de los municipios y comunidades indígenas en cuestión.
Por ello se presume que, el abogado autoproclamado experto en la defensa integral de autogobiernos indígenas, estafó a los Ayuntamientos para los que trabajó, pues pese a tener el precedente de la improcedencia de sus argumentos, lograba vender la idea de que, efectivamente podría frenar los movimientos indígenas que buscan su autonomía.
Finalmente, al no ver resultados mediante la vía legal, ahora Ramos Ruíz habría sido señalado de organizar grupos de choque para presuntamente evitar que integrantes del Instituto Electoral de Michoacán realicen la consulta indígena convocada por la comunidad de Uricho, consulta que ha sido reprogramada en por lo menos tres ocasiones.
