La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha informado que jueces de control han abierto un juicio contra dos personas, a quienes señalan como presuntos autores materiales del delito de desaparición cometido en contra de dos defensores de derechos humanos a mediados de enero de este año.
La FGR ha indicado que los juzgadores abrieron juicio en contra de José “N” y Fernando “N” “como coautores materiales, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares con la agravante de su actividad como defensores de derechos humanos”.
Según se relata en el comunicado, el 15 de enero de 2023, las víctimas directas, Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, acudieron a una asamblea de campesinos en Aquila, Michoacán, y en su regreso a Colima, fueron privados de su libertad y desde ese momento se desconoce su paradero. El Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba necesarios y suficientes para que el juez dictara la vinculación a proceso por el delito mencionado.
La organización Front Line Defenders ha señalado que la presencia de la actividad minera en Aquila ha sido fuente de conflicto desde el inicio de su operación debido al incumplimiento de los acuerdos entre la compañía minera y la comunidad, lo cual ha resultado en la detención, asesinato y amenazas hacia integrantes de la comunidad.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los Derechos para Todas y Todos”, ha dicho que en los siguientes meses se seguirá con el proceso penal en contra de los implicados en su etapa intermedia. No obstante, ha recordado que a más de tres meses de la desaparición de los defensores, se sigue sin conocer su paradero.
Antonio Díaz Valencia es líder e integrante de la Comunidad indígena de San Miguel de Aquila, candidato a la presidencia de una asamblea de campesinos de Aquila, Michoacán, profesor y defensor de derechos humanos. Por su parte, Ricardo Arturo Lagunes Gasca es abogado y reconocido defensor de derechos humanos con diversas organizaciones nacionales e internacionales y ha jugado un papel fundamental desde el acompañamiento legal a la comunidad de Aquila en las negociaciones sobre la operación de la mina de Aquila debido a sus efectos ambientales, sociales y en la salud de la comunidad.
