Un juez federal determinó absolver a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, de la causa penal 66/2015 que lo vinculaba con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre del año 2014.
El abogado Alejandro Rojas Arellano detalló para el medio API Guerrero que esto no implica la libertad de Abarca Velázquez; sin embargo, recalcó que esto es una muestra de que el exedil ha sido señalado “injustamente” por el Caso Ayotzinapa.
Abarca fue detenido junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, el 4 de noviembre de 2014 en una vivienda de la Ciudad de México, ambos acusados de ser los autores intelectuales del ataque contra decenas de alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa.
Dicha acción judicial ocurre apenas unas semanas después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyera que Abarca Velázquez, en complicidad con distintas, había ordenado la desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, detalló que el exedil de Iguala, fue vinculado a dicho caso por medio de análisis de vínculos a partir de mensajes, en donde Abarca es identificado como “A1”,
“Estamos diciendo quiénes dieron la orden: A1, presuntamente José Luis Abarca; los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades que es lo que forma parte de la investigación”, aseveró el funcionario de Segob.
La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió resolver el crimen y que no habrá impunidad, pero los familiares aún exigen presentarlos con vida y activistas acusan a las autoridades de encubrir la participación del Ejército.
El Gobierno de López Obrador rechazó la “verdad histórica”, la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en Guerrero.
La Administración de López Obrador desmintió esa versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Con información de API Guerrero y López-Dóriga Digital
