La Secretaría de Gobernación clausuró, a través de la Unidad de Política Migratoria,
Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), el ‘Foro Bajío’ que se llevó a cabo ayer y
hoy 27 de abril en la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo la anfitriona la Secretaría
del Migrante del estado, a cargo de Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez.
La titular de la UPMRIP, Rocío González Higuera, agradeció la participación, escucha
activa, intercambio y compromiso de todas y todos los actores y participantes, y
afirmó que estos espacios son la piedra angular para alcanzar la meta de un México
próspero e integrador de todas las formas de movilidad humana.
Durante los dos días de trabajo se abordaron temas de suma relevancia para
construir una agenda conjunta con miras a la garantía y protección de los derechos
humanos de todas las personas migrantes, solicitantes de la condición de refugiado,
refugiadas y en situación de desplazamiento forzado interno (DFI).
La coordinadora de política migratoria de la UPMRIP, Teresa Hessel Pimental,
destacó que el fenómeno del desplazamiento forzado interno fue reconocido como
un problema público por el actual gobierno, y ante el cual el subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez, en 2019 se pronunció e hizo visible a nivel nacional.
Como tema principal de esta segunda jornada de trabajo, las instituciones
participantes expusieron los retos y avances en materia de DFI en los distintos
órdenes de gobierno.
Entre las principales causas del desplazamiento forzado interno están los diferentes
tipos de violencias, violaciones a derechos humanos, conflictos de propiedad,
desastres naturales y grandes proyectos de desarrollo.
La UPMRIP –que tiene la atribución de fijar la política migratoria y de movilidad
humana–, destacó como uno de los principales retos por atender en este fenómeno,
la aprobación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el
Desplazamiento Forzado Interno, cuya elaboración contó con el acompañamiento
técnico de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, las
organizaciones de la sociedad civil y diversos organismos internacionales.
Dicha iniciativa se encuentra en calidad de minuta, pendiente de discusión y
eventual aprobación en el Senado de la República.
Asimismo, se destacó que las entidades que participaron en el primer foro aún
tienen pendiente la creación y aprobación de una legislación local específica en esta
materia. Actualmente, solo tres entidades federativas del país (Chiapas, Guerrero y
Sinaloa) cuentan con una ley sobre DFI.
Como parte de los avances se destacó el reconocimiento oficial del fenómeno por
parte del Estado mexicano, así como el desarrollo de diagnósticos e investigaciones
que permiten contar con un panorama general sobre el fenómeno en las entidades
participantes.
A manera de conclusión se destacó la elaboración de una relatoría, la cual servirá
como memoria del evento y permitirá identificar insumos para continuar con la
construcción de una estrategia de trabajo conjunta entre los tres órdenes de
gobierno.
Todos los insumos técnicos, diagnósticos, infografías, material multimedia, y en su
momento las relatorías de los foros estarán disponibles a través de la liga
https://bit.ly/3EKY0Vm
El foro contó con la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur); la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ
por sus siglas en alemán), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM
México); el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada (JIPS, por
sus siglas en inglés); y la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a
Migrantes (Conofam), así como personas representantes de los estados de
Aguascalientes, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas, Nayarit,
Jalisco y Guanajuato.
