Morelia, Michoacán a 28 de diciembre de 2021.- Los diputados federales del PRI por Michoacán se suman a la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación, anunció en entrevista Roberto Carlos López García.
El coordinador de los legisladores priistas, a nombre de sus compañeras: Adriana Campos Huirache y Elena Serrano, detalló que el presupuesto de egresos, tal, como fue aprobado, “transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado en el artículo 1 constitucional en la reforma de 2011. Este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos”.
Cabe señalar que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los 3 partidos: PAN, PRI y PRD sobre la progresividad, establecida en la reforma del 2011.
Roberto Carlos López abundó que el presupuesto como se aprobó “transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas”.
Tales programas serían:
Del sector salud, donde el INSABI sigue todavía sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios. Mismos que sí se tenían con el seguro popular.
Otros de los programas, es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, con un recorte en el ramo de aproximadamente 10 mil millones de pesos, que, en palabras las y los Diputados, muestra la regresividad del presupuesto de egresos aprobado.
En educación, se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país. Eso sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; entre muchos otros.
Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo. Lo muestran los recortes en el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de la atención a víctimas, y el dedicado a las estancias infantiles.
En lo relativo al medio ambiente, se concretaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas, así como también en una disminución real en el anexo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Respecto al mandato de no regresividad, se explicó que, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.
Finalmente, señaló que “este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso del proceso de revocación de mandato”.
