Es muy baja la probabilidad de que se apruebe la iniciativa del presidente López Obrador. Leo a muchos opinadores que anticipan que el PRI ‘cederá’ a la presión del gobierno y le dará los votos que necesita. No veo una ganancia neta, aun con las amenazas de procesos penales en contra de personas clave, para que el partido hiciera ese truque.
Primero, solo se requieren 16 votos en contra de los diputados del PRI para bloquear la reforma. Eso es así porque el gobierno necesita 56 votos de los 71 con que cuenta ese partido para alcanzar la cifra de 334 (dos tercios de la Cámara): si 16 legisladores lo hacen en contra, esos 56 votos ya no se alcanzan. (Aquí el supuesto es que PAN, PRD y MC votarán en bloque de forma unánime).
Segundo, hay un núcleo de diputados (y también de senadores) que bajo ningún motivo votarán a favor de esa reforma. Es un voto de convicción y también estratégico: saben que ir con el gobierno implica un costo quizá fatal para la marca debilitada del PRI que podría entrar en agonía.
Tercero, la pregunta relevante es cómo votará el resto de quienes no tienen una convicción profunda a favor del mercado eléctrico gestado en 2013 (algunos verán incluso con simpatía regresar al monopolio estatista de la CFE) o de quienes votan con base en criterios de disciplina y cálculo personal. Dado que una bancada del PRI dividida vale menos (deja de ser un partido ‘bisagra’ y su influencia se diluye), lo más lógico es que se privilegie la unidad y se vote en contra.
Cuarto, la dirigencia del PRI sabe que un voto a favor de la reforma energética es también un voto para hacer añicos la reputación endeble del partido. Una razón de la recuperación modesta (pero significativa) que tuvo el PRI en las elecciones legislativas de 2021 (pasó de 40 a 71 diputados) fue la oferta de ser un contrapeso del gobierno a través de una coalición opositora. Si traiciona esa oferta, su menguada reputación se desvanece y pierde cualquier atractivo para las siguientes elecciones.
Quinto, la amenaza de procesos penales es real pero buena parte de quienes son vulnerables frente a la acción judicial tienen fuero. Asimismo, la política de la zanahoria es menos potente ahora porque el PRI tiene menos gobernadores –quienes a cambio de más presupuesto podrían garantizar la disciplina de los diputados de sus entidades–. Hoy solo hay cuatro gobernadores del PRI: uno de ellos ya se pronunció en contra (Coahuila, siete diputados) y otro a favor (Oaxaca, solo dos). Quedan dos, aunque solo uno de ellos cuenta con una bancada relevante de diputados.
¿Qué se puede hacer desde fuera de los partidos para combatir la iniciativa del presidente que es muy dañina para el futuro del país?
Uno, combatir la retórica engañosa de López Obrador. El dilema no es entre bienestar del pueblo o apoyo a empresas extranjeras; tampoco lo es entre Lázaro Cárdenas o Salinas de Gortari. El verdadero dilema es entre fomentar energías limpias a bajo costo o darle el monopolio al gobierno para que produzca energía cara (subsidiada) y contaminante.
Dos, campañas de pedagogía que pongan al consumidor en el centro del debate: en lugar de resaltar los daños a la productividad, la inversión y el Estado de derecho (temas abstractos y alejados del grueso de la población), hablar de tarifas, calidad del servicio, impacto sobre el medio ambiente y libertad de elegir a tu proveedor.
Tres, elevar el costo político para quienes voten a favor, sobre todo el Partido Verde.
Cuatro, defender la reforma energética de 2013. Hay una sensación de orfandad en el PRI porque la enorme crítica en contra del sexenio de Peña Nieto (mucha de ella justificada) ha opacado las reformas buenas que se lograron para el futuro del país, una de ellas la energética.
Esta es la primera gran batalla política del sexenio de López Obrador. Se trata de una propuesta que dañaría estructuralmente el futuro económico del país. Hasta ahora, muchas reformas o políticas del gobierno han sido perjudiciales, pero su efecto es parcial y reparable. En el caso de la reforma eléctrica el daño sería profundo y de largo aliento.
