El 95.1% de los casos atraídos por la Fiscalía General de la República (FGR) permanecen en la impunidad y sólo 4.9% fueron resueltos, de acuerdo con la organización México Evalúa.
Al presentar la segunda edición del Observatorio de la Transición 2020, una investigación sobre las capacidades y desempeño de las fiscalías a través del Modelo de Evaluación de la Transformación, México Evalúa dijo que a nivel federal hay un retroceso en la FGR.
De acuerdo con el análisis de la ONG, en materia de autonomía, que la mide a través de tres rubros: presupuestal, política y operativa, la fiscalía obtuvo un indicador de 20.1% para el 2020, dato menor a 27.7% que registró para el estudio del 2019.
“La fiscalía y su titular (Alejandro Gertz Manero) han interpretado la autonomía de su institución como una carta abierta para operar sin transparencia, de manera aislada y para darle la espalda a otras instituciones, a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas”, comentó Edna Jaime, directora de México Evalúa.
La organización civil alertó que hay una disminución en la capacidad de investigación de la FGR. Y es que, para el 2018, 10.1% de los casos de la fiscalía fueron judicializados, mientras que para el 2019 el indicador se ubicó en 7.3 por ciento.
“Un foco rojo es que 100% de las carpetas judicializadas en el 2019 son bajo el supuesto de flagrancia o se inician con un detenido, lo que implica un aumento de 63.6% con relación al año previo, y pone al descubierto la ineludible necesidad de mejorar las capacidades de investigación de la fiscalía”, precisó el estudio.
Colaboración
México Evalúa dijo que la coordinación y colaboración de la FGR con otras instituciones es menor, dado el rechazo de la Federación para investigar casos como el asesinato de 19 migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, o el intento de homicidio del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
“Los pobres resultados de la Fiscalía General de la República se deben a las deficiencias y omisiones en su diseño institucional, más asociado a la vieja PGR: la fiscalía no ha incorporado un Comité de Participación Ciudadana, aunque estaba previsto en la ley orgánica del 2018; tampoco cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión, ni con un plan de persecución penal construido de la mano de la ciudadanía, el cual permitiría saber qué delitos priorizará la fiscalía para su investigación, por qué y cómo lo hará”, mencionó.
“La transición implica un cambio mayor en la lógica de operación de la institución. No es sólo una sustitución de nombre, sino la transformación total de su papel y la implementación de una persecución estratégica por fenómeno y no por caso, participación ciudadana como un nuevo modelo de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas” dijo Mara Gómez, coordinadora del programa de Justicia en México Evalúa.
En tanto, consideró que la nueva Ley Orgánica de la FGR implica retrocesos en el sistema nacional de procuración de justicia, por lo que México Evalúa hizo un llamado a consolidar las capacidades en las fiscalías estatales.
A los poderes legislativos federal y locales, pidió garantizar que sus proyectos de ley estén basados en evidencia, sean progresivos en cuanto a los derechos humanos y alineados al sistema acusatorio.
con información del Economista
